Denunciado el alcalde de Pelayos de la Presa por violación de derechos fundamentales

El alcalde de Pelayos de la Presa, Herminio Cercas, ha colocado al municipio en un estado de limbo democrático, anulando los derechos constitucionales de los concejales de la oposición y por ende, de sus ciudadanos que les votaron al no convocar el pleno ordinario del mes de marzo, no incluir las preguntas pendientes en los sucesivos plenos extraordinarios realizados y no convocar el pleno extraordinario solicitado por los concejales de la oposición la pasada semana.
 

Ante las reiteradas ilegalidades por parte del alcalde de Pelayos de la Presa, se ha presentado un escrito de denuncia en el juzgado de Navalcarnero por violación de derechos fundamentales en base al artículo 46 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los acuerdos aprobados en pleno extraordinario del 22 de junio de 2011 cuando se aprobó el régimen de sesiones ordinarias del pleno propuesto por el propio alcalde y el derecho fundamental de los concejales en la participación en los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución Española, tal como reconoce una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 1988.

La escandalosa actitud del alcalde, propia de un dictador déspota, ha evitado contestar nada menos que veinticinco preguntas de la oposición, muchas de ellas planteadas por parte de la ciudadanía de Pelayos con interés en conocer diversos aspectos de la vida municipal en temas tan importantes como el empleo, el turismo, el medio ambiente o las infraestructuras. En un acto de cobardía política y electoralismo sin precedentes, ha evitado contestar a preguntas que podrían afectar a los resultados electorales del Partido Popular de Pelayos de la Presa.
 

El Alcalde de Pelayos y su grupo municipal sabían de antemano las preguntas presentadas en tiempo y forma hace meses, sabiendo que su decisión de no convocar el pleno ordinario de marzo no se ajusta a derecho. Además de la violación de derechos fundamentales podría tratarse de un delito de prevaricación administrativa que se castiga con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años. El alcalde ha puesto en riesgo de inhabilitación con su actitud a los concejales que se han presentado a las próximas elecciones del 24 de mayo.